Emergencia en Discapacidad: "Lo de Milei no es presupuestario. Es psicológico"

El diputado nacional Daniel Arroyo cuestiona la postura del Gobierno nacional ante el tratamiento de un proyecto de ley propio sobre discapacidad y exige la extensión de la emergencia. En diálogo con el programa De Una, el exministro de Desarrollo Social remarca la falta de respuestas para las familias y los prestadores de la provincia y el país.

La Cámara de Diputados de la Nación aborda una iniciativa del Poder Ejecutivo referida al sistema de discapacidad, luego de que el oficialismo se opuso a prorrogar la ley de emergencia vigente hasta fin de año. El autor del texto original votado en siete oportunidades por el Congreso, señala que el Gobierno vetó e impidió la puesta en marcha de la norma anterior.

 “Es difícil de creerle porque el gobierno decidió lastimar a las personas con discapacidad durante estos 3 años”. Según dijo, es un proceso sistemático "que ya no va por lo presupuestario, va por lo psicología". Ahora "de golpe" se está interesado en un proyecto. "Mi impresión es que es para ganar tiempo".

El legislador sostiene que la problemática no responde a factores presupuestarios o políticos. Según sus declaraciones, la falta de actualización en los valores del nomenclador afecta directamente a las terapias, los medicamentos y el transporte adaptado en las provincias.

Las fallas en las prestaciones y el rol de las obras sociales

Durante la entrevista radial, el diputado detalla el desfasaje económico que afrontan los trabajadores del área. Un acompañante terapéutico percibe 4.600 pesos la hora con cobros a 120 días, mientras que los transportistas reciben 970 pesos por litro de combustible frente a un costo de mercado de 2.500 pesos.

“Hoy la única manera que tienen las familias para acceder a un tratamiento es presentar un amparo judicial”.

La desregulación del sector, impulsada a partir del DNU 70/23, genera incertidumbre sobre la cobertura de prepagas y obras sociales. Frente a la multiplicación de trámites administrativos, las familias se ven obligadas a recurrir a la vía judicial para garantizar la atención médica y los insumos ortopédicos. "No es que le dicen que no. Le ponen barreras".

Respecto a una eventual normalización del sistema, el exministro indica que el proceso requiere la asignación presupuestaria correspondiente y la reorganización en el otorgamiento de pensiones, donde existen 300.000 solicitudes pendientes en todo el país. "La obra social o prepaga puede hacer lo que quiere. A pesar de que se anuló por la Justicia".

Sostuvo que “lo que tendría que hacer el gobierno es extender la ley de emergencia de discapacidad y ojalá eso sea lo que termine sucediendo hoy”. El proyecto oficialista plantea reestructurar las pensiones y el nomenclador. Sin embargo, desde la oposición insisten en que la solución inmediata implica la prórroga de la ley de emergencia actual para evitar el desamparo de los usuarios del sistema de salud.

DE UNA