La dirigente de izquierda cuestionó la condena de tres años de prisión condicional contra el exlegislador por la tragedia de las Altas Cumbres. Consideró que la sentencia deja un “sabor muy amargo” y denunció un intento de amedrentamiento contra los abogados querellantes.
La sentencia contra el exlegislador provincial Oscar González generó fuertes cuestionamientos en Córdoba. La dirigente del MST en el Frente de Izquierda, Luciana Echevarría, se refirió al fallo judicial y cuestionó que el exfuncionario no deba cumplir una pena de prisión efectiva.
El martes 20 de octubre, la Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores condenó a González a tres años de prisión condicional y ocho años de inhabilitación para conducir, tras encontrarlo responsable de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.
La causa se originó el 29 de octubre de 2022, cuando la camioneta conducida por el exlegislador chocó de frente contra un automóvil en el Camino de las Altas Cumbres. Echevarría destacó que la sentencia haya establecido la responsabilidad penal del exfuncionario, aunque manifestó su disconformidad con la pena impuesta.
“Quedó definido que Óscar González es responsable de homicidio. A pesar de todos los intentos por tratar de salvarlo, no pudieron desligarlo de esa responsabilidad”, expresó.
La dirigente consideró que el resultado fue consecuencia de la lucha de las familias de las víctimas, que durante casi cuatro años reclamaron justicia.
“Finalmente, una persona con el poder que tenía Óscar González fue juzgada en el territorio donde siempre fue amo y señor. Para nosotros eso es un logro importante”, sostuvo.
Sin embargo, cuestionó que la condena sea de cumplimiento condicional y que González no deba ir a prisión.
“No podemos evitar tener un sabor muy amargo en relación al veredicto, porque finalmente le redujeron la pena a un plazo que es de cumplimiento condicional, es decir, que concretamente no va a ir preso”, señaló.
Echevarría también apuntó contra el desempeño de la fiscal Analía Gallaratto, quien durante el juicio había solicitado una condena de tres años y diez meses de prisión. Según la dirigente, la representante del Ministerio Público Fiscal no demostró suficiente voluntad de sostener la acusación. Además, manifestó su preocupación por la decisión del juez Santiago Camogli de cuestionar la actuación de los abogados querellantes y solicitar la intervención del Tribunal de Disciplina.
“Lo grave y también lo que nos deja muy preocupados es el intento de disciplinamiento, de amedrentar, en este caso, a los abogados querellantes”, afirmó.
Para Echevarría, estas decisiones reflejan una falta de independencia del Poder Judicial respecto del poder político provincial.
“Demostraron una vez más que hay una corporación en la Justicia de Córdoba que no tiene ninguna independencia del poder político”, sostuvo.
Finalmente, consideró que la sentencia genera malestar entre los familiares de las víctimas y quienes acompañaron el reclamo de justicia durante estos años.
“A pesar de todo lo que sucedió, al ser un hombre de poder, puede llegar al punto de no tener una condena efectiva. Eso genera bronca y malestar, no solamente en las familias y en quienes lo estuvimos acompañando desde siempre, sino en toda la sociedad cordobesa", concluyó.