Así lo expresó la abogada Karina Zeverín, quien representa a más de 100 damnificados por la causa Márquez y Asociados. Manifestó que si se llegara a un juicio oral deberían hacerlo en el estadio Kempes a causa de la gran cantidad de involucrados.
La abogada Karina Zeverín, representa a un centenar de damnificados por la causa Márquez y Asociados, y dialogó con DE UNA respecto a la realidad de esta estafa de grandes magnitudes
Zeverín comentó al aire de las emisoras del GRUPO APOLO que “según las mismas fuentes de la fiscalía, a través de sus allanamientos, detectaron la existencia de 30 mil contratos en curso, de los cuales, en principio, habría solamente 2500 que están cumplidos”.
La abogada explicó que las 30 mil personas no se encuentran en el mismo estado, debido a que han realizado pagos de distintos montos y además tampoco todas accionarán judicialmente.
Agregó que menos del 10% de quienes contrataron a Márquez tienen cumplidas sus obras, pero hasta el momento no se sabe bien cuántas personas han denunciado.
“Márquez tiene potencialmente 30 mil víctimas, pero no superan las 2 a 3 mil denuncias realizadas ante la Fiscalía”.
Consultada respecto si hay fondos para pagar a los damnificados, Zeverín explicó con contundencia que la empresa Márquez y Asociados Constructora Desarrollista ha sido declarada en quiebra. “Es decir, las personas que tienen contratos firmados con ellos y no desean accionar penalmente contra los dueños de la empresa, deberán ir a la quiebra a ver si con el patrimonio societario, luego de pagar los créditos privilegiados, queda algún dinero para los clientes”.
Quienes accionen penalmente, la abogada se explayó que “en la causa penal se encuentran imputados y privados de su libertad 7 personas hasta ahora. Los 4 hermanos Márquez, un contador, el hermano del contador y un apoderado de la empresa. A esas personas no les cabe la limitación de la quiebra. Es decir, cuando uno hace una causa penal contra una persona, esa persona responde con su patrimonio o con el patrimonio que fuere según lo que el propio juez ordene. Hasta ahora hay embargado varios millones de dólares en inmuebles, rodados y están haciendo pesquisas sobre dinero en el exterior”.
Agregó que se han embargado campos de Márquez Agro, lotes de Márquez Cuatro Elementos y puntualizó que “no es que los imputados responderán con lo que tengan. Los imputados deben responder con lo que el fiscal diga y si ese dinero que está incautado en la causa no es suficiente, los imputados deberán conseguir ese dinero porque en esto a ellos les va la libertad”.
Consideró que no cree que los Márquez se quieran someter a ese juicio y por otro lado arriesgarse a que se les imponga una pena de más de 10 años, porque están imputados por asociación ilícita y estafa reiterada.
“Es decir, la expectativa de la pena o de la condena de ellos superan los 10 años, salvo que ellos se acojan a la figura de lo que se llama juicio abreviado”.
Zeverín consideró que si se llegara a un juicio oral, “se necesitaría el Kempes, porque si aquí se presentan los 2.000 ó 3.000 que han accionado, más abogados, más fiscales, más imputados, esto sería un juicio histórico”.
En caso de que fueran a un juicio abreviado, el Código Procesal Penal de Córdoba plantea para no ir al juicio oral y de que se te imponga una pena inferior, vos debes hacer una reparación del delito. “Como el delito es económico, para evitarte los 12 años de cárcel y el juicio oral debés pagarle a las víctimas”.
Zeverín explicó que el pago a las víctimas no se limita a lo que se haya recaudado en la causa, sino a lo que el fiscal determine y “para cumplir con ese monto, deberán sacarán un crédito, vender un hotel, eso no es problema ni de las víctimas, ni de la fiscalía. Es problema solamente es de los Márquez que si quieren obtener la libertad anticipada o ser condenados a menos años de prisión, tienen que abonar”.
Desde el punto de vista de la letrada “el dinero aparecerá porque los Márquez no se jugarán a estar 10 ó 12 años presos”.