Ley de Glaciares: denuncian un "engaño" a la audiencia

Según denunció la diputada nacional Gabriela Estévez, el proceso de tratamiento de la Ley de Glaciares está viciado por irregularidades administrativas y una falta de apertura real al debate ciudadano. Esto motivó la presentación de una impugnación formal a las audiencias públicas realizadas recientemente.

"Fue simplemente un engaño hacia la sociedad civil porque ninguna de las exposiciones se van a revisar, no se van a tener en cuenta para el dictamen y se va a avanzar directamente con un dictamen que el oficialismo ya tiene escrito", afirmó la legisladora cordobesa.

El conflicto se centra en la metodología de las audiencias, donde, según Estévez, de las más de 100.000 personas anotadas, solo pudieron exponer menos de 200 de forma presencial o vía Zoom, mientras que al resto se les solicitó el envío de documentos o videos sin garantías de análisis.

Un proceso bajo la lupa

La legisladora detalló que el cronograma parlamentario busca acelerar los tiempos para evitar una discusión profunda. Tras las audiencias, se convocó a una reunión de comisiones donde se impidió a la oposición invitar a especialistas o autoridades ambientales de las provincias, permitiendo únicamente la presencia de representantes de distritos mineros.

Gabriela Estévez, diputada nacional, expresó: "Hablé con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y el planteo fue: 'mirá, si tuviésemos que ponernos a revisar las exposiciones, tendríamos que estar 500 días y 500 noches'. Yo le decía que tengamos que estar lo que tengamos que estar".

"Se está violando el mismo reglamento que se había realizado en la Cámara para el desarrollo de la audiencia pública", subrayó.

El impacto en los recursos naturales

Uno de los puntos más críticos de la reforma es la intervención en las zonas periglaciares. La diputada manifestó su preocupación por la intención de avanzar sobre el inventario de glaciares sin consultar a organismos técnicos como el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).

"Están intentando pagar la deuda financiera que adquiere el gobierno a partir de nuestros bienes naturales comunes", denunció Estévez. En este sentido, alertó sobre las consecuencias directas para el consumo de agua en el país: "El territorio argentino es un 75% árido y el agua la garantizan las cuencas que nacen en las zonas periglaciares. Imagínate si se interviene en esas cuencas la situación de peligro hídrico que va a sufrir todo nuestro país".

Escenario de judicialización

Al igual que ocurrió con otros proyectos legislativos recientes, como la reforma laboral, la oposición y diversas organizaciones de la sociedad civil ya anticipan que el conflicto terminará en los tribunales. Argumentan que el proyecto es "regresivo en materia ambiental" y viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

Respecto a la construcción de las mayorías necesarias para la aprobación, Estévez apuntó a las presiones sobre los gobiernos provinciales: "Vemos la presión que ejercen sobre los gobernadores a partir de los supuestos envíos de fondos que finalmente ni siquiera terminan concretando. Así van armando una mayoría circunstancial".

Finalmente, la diputada confió en que la justicia frenará la iniciativa: "Seguramente se terminará judicializando. Como todavía quedan algunos jueces que bregan por el cuidado de la Constitución Nacional, seguramente se frenará con una medida cautelar porque es absolutamente inconstitucional".


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